Democracia y la paradoja de la conservación

Siempre que se habla de la democracia, tarde o temprano, aparece el dicho de Churchill: La democracia, you know, es el peor de los sistemas políticos si se exceptúa a de todos los demás. Con ello se suele cerrar los oídos y las mentes a seguir con el asunto pues ante la sola expectativa de la apertura del baúl de imágenes de los sistemas “alternativos” infunde terror al más pintado. 

Pero, aún aceptando que se trata del menos malo de los sistemas políticos de gobierno de la cosa pública no es menos cierto que, en multitud de circunstancias, dista de ser el menos malo de los sistemas económicos de gestión de la cosa pública. Muchos han sido los economistas que, desde la obra pionera de Kenneth Arrow, han señalado las ineficiencias económicas de las que adolece el sistema democrático. Una de ellas, a las que no se suele prestar demasiada atención se refiere a lo que se ha venido en llamar Paradoja de la Conservación que se refiere a aquellas situaciones en las que el anuncio de una medida conservacionista (p.ej., la protección de un espacio o de un recurso natural) desencadena un conjunto de respuestas por parte de los agentes económicos por anticiparse de modo que se acelera su deterioro hasta el punto de que cuando se impone la medida de protección ya no queda nada que merezca la pena conservar (el monte a conservar ha sido talado y parcelado, la playa ha sido asfaltada,etc.). 

Tal cosa no es sino un ejemplo de lo que se conoce en la literatura económica como efecto de las expectativas racionales que informan el comportamiento de los agentes en los asuntos económicos (y no sólo en ellos), que se traduce en la moraleja política de que si se quiere tener eficacia en una política no hay que anunciarla sino ejecutarla por sorpresa pues, caso contrario, los agentes la anticipan adaptando a ella su comportamiento en persecución de sus intereses propios de modo que como consecuencia la medida carece de efectividad. Y ahí está el problema, pues es obligado para el sistema democrático la discusión pública de las medidas a tomar, y más tarde su comunicación también pública e incluso es exigible la posibilidad de que aquellos afectados planteen y opongan sus alegaciones en defensa de sus derechos privados. Procedimientos, todos ellos, democráticos, legítimos, adecuados pero ineficientes pues privan a las decisiones tomadas de la eficacia que sólo la sorpresa puede garantizar. Cierto, además, que tal ineficiencia democracia se ha agudizado cada vez más conforme el desarrollo de los medios de transmisión de información se ha acelerado haciendo ya casi imposible las acciones decisivas que cogen a los agentes a traspies sin darles tiempo a variar de comportamiento.